El Ministerio de Cultura ha publicado «Hacia un Objetivo Cultura en la agenda post-2030», un informe elaborado por Alfons Martinell Sempere, con la coordinación de Lucía Vázquez García y la contribución de un equipo de especialistas (Jordi Baltá Portolés, Jorge Fernández León, Marta García Haro, Jordi Pascual Ruiz y Jesús Prieto de Pedro). Su objetivo es aportar argumentos para la posición que España defenderá en las negociaciones, ya en marcha, sobre la incorporación de un Objetivo Cultura específico en la agenda que sucederá a la Agenda 2030 de Naciones Unidas.
Una ausencia histórica
El informe recuerda algo que conviene tener presente: pese a décadas de esfuerzos —desde las conferencias de la UNESCO en los años 60 y 70, pasando por Mondiacult México 1982, hasta la campaña «El futuro que queremos incluye a la cultura» (2013-2015)— la Agenda 2030 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible se aprobaron sin un objetivo propio para la cultura. Quedó como eje transversal, mencionada solo de forma puntual en algunas metas. Un punto de inflexión llegó en 2022, con la declaración de Mondiacult en México: por primera vez, los Estados reconocieron la cultura como «bien público mundial» y pidieron su integración como objetivo específico en la próxima agenda. Ese es el proceso en el que se inscribe este informe, en la recta final antes de 2030.
Por qué importa para la mediación artística
Más allá del debate diplomático, el capítulo 3 del informe —dedicado a los conceptos que debería incorporar un futuro Objetivo Cultura— toca de lleno cuestiones centrales para quienes trabajamos en mediación artística:
- El derecho de toda persona a participar en la vida cultural, con garantías y respeto a la libertad cultural, entendido como parte indivisible de los derechos humanos.
- El derecho a disfrutar de la cultura en igualdad, sin discriminación, con atención explícita a grupos en situación de vulnerabilidad y desigualdad.
- La necesidad de crear condiciones para la participación cultural y eliminar barreras, incluidas las que enfrentan las poblaciones migrantes.
- El fomento de la expresividad y la creación artística, garantizando la libertad individual y colectiva de creación y la igualdad de oportunidades para las minorías.
- El vínculo entre vida cultural y vida educativa como vía para el desarrollo humano.
- La equidad territorial, que reconoce el derecho a la cultura con independencia del lugar de residencia —una cuestión especialmente relevante para quienes trabajamos también fuera de los grandes centros urbanos.
Cada uno de estos puntos no aparece como una intuición del sector, sino respaldado por normativa internacional, europea y española: desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Constitución española, pasando por la Convención de la UNESCO de 2005 sobre diversidad de las expresiones culturales.
Una llamada a la posición común
El informe cierra con una batería de argumentos y estrategias para que España asuma un compromiso firme, y con un recordatorio que vale la pena subrayar: los contenidos que podrían dar forma a este Objetivo Cultura no son una novedad conceptual, sino la consolidación de décadas de práctica y reflexión —la misma que, desde ámbitos como el nuestro, llevamos tiempo defendiendo sobre el terreno. Que estas ideas empiecen a tener respaldo en el máximo nivel de la política internacional es, cuando menos, una buena noticia para el campo.
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